7 de diciembre de 2012 – Juzgado de Instrucción nº18 de Madrid

7 de diciembre de 2012 – Juzgado de Instrucción nº18 de Madrid

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº18

MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS Nº4907/2012

AUTO

En Madrid a 7 de Diciembre de 2012

ANTECEDENTES DE HECHO

Las presentes actuaciones se iniciaron por querella del Ministerio Fiscal contra diversas personas y la Organización Impulsora de Discapacitados, por delitos contra la Hacienda Pública y de alzamiento de bienes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se señala por el Ministerio Fiscal que se habrían cometido delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal por parte de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), durante los ejercicios de 2007 a 2011, debido, en primer lugar, a que no se ha practicado la retención del IRPF en la entrega de los premios de los sorteos del cuón que organiza la referida entidad, y, aunque es cierto que la obtención de un premio de lotería es una ganancia patrimonial objeto del impuesto de la renta, estando sólo exentos de tributación y de retención los premios de las Loterías públicas, la Cruz Roja y la ONCE, a tenor de los artículos 7, 31, 33 y 99 de la Ley del Impuesto y 75 del Reglamento, frente a la interpretación policial del apartado f) del artículo 75 del Reglamento del Impuesto, en el sentido de que la OID no es un sorteo autorizado, frente al hecho de que el Real Decreto-Ley 16/77, que recógela competencia de autorización, tiene por objeto principal determinar las actividades de juego sujetas a la tasa del juego, independientemente de que exista o no autorización, existe una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 8 de Junio de 2010, con una interpretación del referido artículo diametralmente opuesta a la interpretación policial referida, y en la que la consultante señala que ha recibido en Enero de 2010 un premio de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por ser portadora de un Euroboleto premiado en un sorteo diario durante el mes de Diciembre de 2009, recibiendo dicho premio en su totalidad sin que se haya practicado retención alguna a cuenta del IRPF, y la Dirección General de Tributos, tras analizar la normativa tributaria aplicable, señala que el premio es una ganancia patrimonial sujeta y no exenta del IRPF, que debe imputarse al año 2009 aunque se perciba en el año 2010, y en cuanto a la retención, se cita textualmente lo dicho por la Dirección General de Tributos: “En conclusión, el premio recibido por la consultante está exceptuado de retención cualquiera que sea su importe”.

Cabe tener en cuenta la importancia de la interpretación de normas tributarias de la Dirección General de Tributos, sin duda, más experta que una interpretación policial, y prueba de ello es que, frente a que la interpretación policial no es más que un criterio jurídico como otro cualquiera, la interpretación de la Dirección General de Tributos hace que  “Los Órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta”, según señala el artículo 89 de la Ley General Tributaria.

En cuanto al Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2007 a 2011 se señala en la querella que la existencia de dichos delitos es una probabilidad, y es que en los informes policiales sobre la base de unas previsiones de los mismos en base al estudio de pagos de cheques de cuentas corrientes y de los sorteos y premios de la OID, se hace una sencilla y simple operación de restar de los previsibles ingresos unos estimados pagos, pero se obvian las declaraciones del Impuesto que ha realizado la Organización en la Agencia Tributaria, se obvian los gastos deducibles de los artículos 11 a 13 de la Ley del impuesto, la deducción por gastos financieros netos del artículo 20, la valoración de operaciones entre entidades vinculadas del propio texto de la querella, se obvia la deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos del artículo 41, se obvia la compensación de bases imponibles negativas del artículo 25, a pesar de la constancia de su existencia, y se obvia la valoración y el examen de la posibilidad o la procedencia o la existencia de la aplicación del régimen de consolidación fiscal de los artículos 64 y siguientes, es decir, no hay un estudio, en base a los mismo datos que deben existir en la Agencia Tributaria por las declaraciones de la OID por Impuesto de sociedades, sobre todos los datos que se contemplan en la Ley del Impuesto para establecer la existencia indiciaria de un presunto delito contra la Hacienda Pública, con un cálculo riguroso de la presunta cuota defraudada cada ejercicio, debiendo considerarse además que ni siquiera se aduce que la Agencia Tributaria haya revisado las declaraciones del Impuesto de Sociedades de la OID, ni que haya iniciado actuaciones inspectoras en relación con la misma, ni que en dichas actuaciones inspectoras la OID haya negado información, con lo que, el informe policial no aporta indicio suficiente en relación con un posible delito contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, pues ni siquiera se parte de las declaraciones ante la Hacienda para discutirlas en base a la investigación realizada, ni siquiera se educe que la Hacienda se las cuestione, ni se conoce ni se analiza se las demás empresas pertenecientes al mismo grupo han presentado declaraciones del Impuesto, ni si en las mismas se incluyen ingresos derivados de la venta del cupón del minusválido, refiriéndose en la querella el Ministerio Fiscal a una probabilidad, en base a la cual no se pude iniciar u procedimiento penal, en este momento, y no es suficiente que se solicite que la Agencia Tributaria emita un informe, porque, en todo caso, y ante la insuficiencia de indicios aportados por los informes policiales en relación con un presunto delito contra la Hacienda Pública referente al Impuesto de sociedades, por las razones expuestas, dicho informe del que resulte no una probabilidad, sino unos indicios ciertos, será preciso para la admisión, y procede, por el momento y en tanto dicho informe no exista o se aporte, la inadmisión de la querella en relación con el presunto delito, no porque no conste determinada la presunta cuota defraudada, sino porque, en base a lo expuesto, ni siquiera existen indicios suficientes de alguna defraudación, teniendo en cuenta el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por último, en cuanto al presunto delito de alzamiento de bienes, el más grave de los denunciados, a la vista de la pena del artículo 257,3 del Código Penal, en el sentido de que se desplazan cantidades de las cuentas de la OID, hacia otras sociedades de entramado empresarial que se describe, hay que considerar que en el propio informe policial I se señala que la sede central del Grupo Empresarial está en Talavera de la Reine, lo que coincide con lo que aparece en la página web de la OID, en la que se dice que la OID está dentro de un grupo de diversas entidades dentro de la Social Organización Integración del Discapacitado (SOID), también con sede en Talavera lo mismo que ASERDISCA, y de OID, ASERDICA y SOID hacia otras entidades, con la presunta finalidad de eludir las deudas tributarias de la OID, el referido presunto delito se habría cometido en donde el Grupo empresarial tiene su sede y en el que se habrían gestado y realizado los presuntos actos dispositivos de elusión de las deudas tributarias, con lo que procede la inhibición al Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina, competentes para el conocimiento de dicho presunto delito de alzamiento de bienes, a tenor del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remitiendo el conjunto de la actuaciones, puesto que, existiendo, por el momento solamente indicios en cuanto al presunto delito de alzamiento de bienes, para cuyo conocimiento es competente Talavera, aunque, posteriormente pudiera haber indicios de un presunto delito contra la Hacienda Pública porque se aportara un informe de la Agencia Tributaria del que se pudieran resultar dicho indicios en relación con el Impuesto de sociedades, al ser más grave el delito de alzamiento en este caso al tratarse de una deuda pública, atraería a Talavera el conocimiento del posterior delito contra la Hacienda Pública relativo al impuesto de sociedades con respecto al que pudieran aparecer eventualmente indicios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18,1,1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A Fin de preservar la investigación de Talavera, procede decretar el secreto de las actuaciones por tiempo de un mes, a tenor del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

SSª ante mí, Secretario, dijo: que no debía admitir y no admitía la querella formulada por el Ministerio Fiscal en cuando al presunto delito contra la Hacienda Pública relativo a la no retención a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas durante los años 2007 a 2011; que no debía admitir  y no admitía, por el momento, y en tanto no se aportasen suficientes indicios, la querella formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto al presunto delito contra la Hacienda Pública relativo al impuesto de sociedades durante los años 2007 a  2011; y, en cuanto al presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, que debía de inhibirme y me inhibía al Decano de los Jugados de Talavera de la Reina, al que se le remitirán las actuaciones, declarando el secreto de las actuaciones por tiempo de un mes.

Así, por este Auto, lo pronunció, mandó y firmó el Iltmo. Sr. Don Ángel José Lera Carrasco, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 18 de esta Ciudad, de todo lo cual doy fe.